Ediles acusan a Percy de utilizar a gendarmes para su uso personal

Luego de que gendarmes municipales impidieran ayer a los concejales disidentes Manuel Saavedra y Leonardo Roca ingresar en el Concejo Municipal, hoy los ediles acusaron al alcalde Percy Fernández de “utilizar a la guardia municipal para su uso personal”. 

Junto al burgomaestre cruceño, Saavedra denunció también al oficial mayor de Defensa Ciudadana, José Canudas, y al concejal Freddy Soruco de desacato e incumplimiento de deberes, anunciando que esta situación será puesta a conocimiento de la justicia.

Tanto Saavedra como Roca contaban con la orden del juez Juan José Subieta para ingresar al Concejo Municipal y retirar documentos para desempeñar sus funciones como legisladores; sin embargo, los gendarmes exigían la presencia de un fiscal para abrir paso a los ediles.

NOTA: EL DEBER

La Alcaldía tiene sus cuentas congeladas

Conflicto. El asesor legal de la comuna confirmó ayer que varias cuentas quedaron inmovilizadas por los problemas en la aprobación del informe financiero 2011 del ejecutivo en el Concejo Municipal


Tensión. En la sesión del viernes se vivió un clima beligerante por las acusaciones de los ediles de SPT contra la presidenta del organismo deliberante, Desirée Bravo




Las cuentas de la municipalidad de Santa Cruz de la Sierra fueron congeladas ayer por la mañana, porque el Concejo Municipal incumplió con el procedimiento de aprobar o rechazar el estado financiero de la Alcaldía en el plazo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El asesor jurídico de la Alcaldía, José Negrete, anunció que están inmovilizados los recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), de Emacruz, Frigorífico Municipal, Alumbrado Público, Jardín Botánico, zoológico, de los hospitales y los de recursos propios.
Sin embargo, voceros del Gobierno aseguraron que las cuentas de Participación Popular, que se encuentran en el Banco Unión, son las únicas inhabilitadas porque la municipalidad incumplió con algunos requisitos establecidos.
Una vez conocida la inmovilización de las cuentas, autoridades del ejecutivo municipal analizan la posibilidad de iniciar acciones legales por incumplimiento de deberes y daños económicos a la comuna en contra de los concejales oficialistas que presentaron 40 observaciones al informe financiero de la Alcaldía.
Negrete explicó que la presentación o no de la acción legal se definirá en el transcurso de las próximas horas, una vez que reciban el informe del oficial mayor Administrativo y de Finanzas de la Alcaldía, Manuel Molina, que viajó a La Paz para dejar la resolución municipal sobre los estados financieros de la Alcaldía y, al mismo tiempo, hacer las gestiones para la habilitación de las cuentas municipales.
La orden del congelamiento fue emitida por la Contraloría General del Estado el viernes a las 18:15, pero se hizo efectiva ayer, a las 8:45. Las gestiones para revertir esa medida demoran entre tres y cinco días, dependiendo de los requisitos que fueron incumplidos, informaron en el gobierno municipal.
Según el concejal Saúl Ávalos, del MAS, el congelamiento de las cuentas minicipales implica la inmovilización de cerca de $us 1 millón diarios, razón por la que exigen al alcalde Percy Fernández que se constituya en la parte querellante contra los ocho concejales que en su momento se negaron a aprobar los estados financieros.
Sobre la pugna política en el interior de la agrupación oficialista Santa Cruz para Todos, la concejala Sibele Ortiz afirmó que la bancada asumió la decisión de trabajar coordinadamente con las autoridades ejecutivas, pero en el marco del respeto y la transparencia.
Además de la comuna cruceña, también congelaron las cuentas de los municipios de Sucre, Cochabamba, Potosí, Oruro y Cobija.
El Concejo cometió un error formal
José Luis Santistevan / Municipalista
La Ley Marco de Autonomías, que reglamenta la aplicación de la autonomía municipal, establece que entre los procesos reglamentarios de congelamiento de cuenta está el incumplimiento de plazos en la presentación de documentos. 
Producto de eso, hay requisitos que se deben cumplir y que dicta el órgano rector de manera permanente para garantizar la transparencia de todas las cuentas públicas, incluidas las de la autonomía.
Como el plazo establecido se venció y el Concejo no aprobó la resolución correspondiente, porque no se necesitaba una ordenanza sino la simple resolución para aprobar los estados financieros del municipio, el órgano rector decidió inhabilitar o suspender el manejo de los recursos de la comuna capitalina.
La falta de la resolución del organismo deliberante implica el incumplimiento de la norma y, por tanto, procede la inhabilitación de los recursos municipales.
El problema de la ordenanza es que ese documento tiene que ser promulgado y publicado, pero además puede ser objetado por el alcalde o por cualquier otra persona, por eso la instructiva del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consiste en la emisión de una resolución. Es decir, el tema de fondo es que hubo un error formal que no ha sido observado por el Concejo Municipal.
El perjuicio es que el gobierno municipal no podrá cumplir con sus obligaciones, porque en este momento están paralizados los pagos que se hacen por cheque, cuyos fondos salen de las cuentas bancarias porque no hay dinero en efectivo, salvo de las cajas chicas, que son montos pequeños.
    Para saber   
- Áreas. Cada mes, el municipio capitalino moviliza más de  Bs 16 millones para pagar sueldos y salarios de las áreas de salud y educación. De ese total, cerca de Bs 1 millón se destina al Concejo Municipal.

- Gendarmería. Para la Unidad de Defensa Ciudadana, el ejecutivo desembolsa Bs 3 millones para pagar los sueldos de los funcionarios de la Gendarmería Municipal.

- Limpieza. La empresa desconcentrada de limpieza Emacruz requiere cada mes cerca de Bs 1 millón. Para cubrir el desayuno escolar, la municipalidad destina Bs 3,5 millones.

- Infraestructura. El mantenimiento de calles, avenidas y alumbrado público demanda un gasto mensual de Bs 12 millones, mientras que para el mantenimiento de la infraestructura social es de Bs 4,5 millones.

- Pugna. El concejal Carlos Manuel Saavedra aún analiza junto a sus abogados la posibilidad de iniciar una denuncia formal para establecer quién o quiénes modificaron la ordenanza sin que pasara por el plenario, donde debía contar con la aprobación de dos tercios de los concejales.

Nota: El deber

Alcaldía garantiza derecho propietario en Mallasilla

El Gobierno Municipal de La Paz garantizó ayer el derecho propietario a los afectados por un fallo del Tribunal Agrario en un área de 700 hectáreas de la zona de Mallasilla, según declaró a EL DIARIO, Fernando Velásquez, director jurídico edil.

Aseguró que reconocen el fallo del Tribunal Agrario, pero no obstante se respetará y resguardará la propiedad privada de los paceños.

Explicó que dentro del análisis realizado se estableció que la propiedad pública, es decir: calles, plazas, monumentos, sitios de preservación naturales y otros no están siendo afectados.

En lo que se refiere a la propiedad privada, Velásquez explicó que si bien el fallo ha dispuesto la nulidad de los registros, se supone que la propiedad nunca ha salido del dominio originario del Estado; esto implica que el Estado está representado por el Municipio de La Paz, por cuanto tiene jurisdicción en el área.

Aclaró que según el fallo, no hay reconocimiento del derecho propietario a favor de terceros o de ninguna persona y en función a esta interpretación nadie puede atribuirse ningún tipo de beneficio.

Nota: El Diario

Cambios al recorrido y restricción en Urkupiña se mantendrán

El presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Gilmar Terrazas Vera, aseguró que no se dará marcha atrás en la modificación del recorrido de la entrada de Urkupiña y en las restricciones y prohibiciones en el expendio y consumo de bebidas alcohólicas a 100 metros de la ruta.

Terrazas dijo que los cambios buscan preservar el carácter folklórico y religioso de la fiesta que se ha visto afectado por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas.

El concejal resaltó el rol que juegan los vecinos para ejercitar el control social contra los infractores.

El director de Cultura, Álvaro Bolaños, informó de que tras conocerse la aprobación y puesta en vigencia de ambas ordenanzas, se ejecuta trabajos de mejoramiento en los tramos modificados de la Entrada, así como se prepara una campaña mediática y educativa agresiva para evitar los excesos del alcohol.

Dijo que técnicos y trabajadores municipales realizan mejoras en las dos cuadras de la vía férrea y la calle Soruco para garantizar un mejor desplazamiento de las fraternidades folklóricas. 

Nota: La Razon

‘Mejorar la calidad de vida en las laderas repercutirá en toda la ciudad’

El alcalde paceño, Luis Revilla, se observa en un espejo que está cerca a su despacho. Hace 10 años que el Movimiento Sin Miedo (al cual pertenece Revilla) gobierna el destino edil de la sede de Gobierno.

Erick Ortega - La Paz
La Alcaldía de la ciudad de La Paz tiene un plan para que la buena calidad de vida en la zona Sur sea la misma en las laderas de la urbe. El alcalde Luis Revilla afirma que, en los siguientes 10 años, los Barrios de Verdad van a cambiar para bien el rostro de la sede de Gobierno.

—¿Cómo cree que será la ciudad en la siguiente década?
—Veo una ciudad transformada en su integridad. De los 600 barrios, 300 tienen necesidades de intervenciones integrales a través del programa Barrios de Verdad. Hemos construido ya 50, en este momento están en ejecución 30. Si en los próximos 10 años podemos intervenir unos 200 Barrios de Verdad, eso significa que vamos a transformar las laderas de la ciudad de La Paz. Estamos hablando de los barrios que no tienen adecuados servicios, no tienen iluminación ni áreas de esparcimiento, entre otras carencias. Así, en 15 años, contando estos cinco que pasaron y los siguientes 10 años podemos lograr una transformación sin precedentes de la ciudad de La Paz.

—¿El municipio podrá satisfacer las demandas que usted plantea?
—Sí. Por ejemplo, hay que cubrir con celeridad el déficit de infraestructura escolar en el municipio. En los últimos 10 años hemos construido 65 nuevas unidades educativas. En los próximos 10 años, o mucho menos, esperamos construir 30 unidades más. Estamos superando la falencia de infraestructura educativa.
En 10 años podemos tener la gran mayoría de las escuelas de La Paz en excelentes condiciones. 
El sueño que tengo, como Alcalde, es que en Panticirca (en el Macrodistrito 2, Max Paredes) tengamos una unidad educativa con las mismas características del colegio Franco Boliviano o el Alemán; pero como una escuela pública.
En mucho menos de 10 años tenemos que atender la demanda de infraestructura de salud en el municipio. Ya hemos construidos dos hospitales de segundo nivel y nos faltan cuatro por construir.
Hablamos de nosocomios municipales con personal de salud municipal y con servicios de alta calidad, como ya se prestan en La Merced y Los Pinos.
Siempre trabajamos con la misma lógica, donde se atiende a los pacientes como en la mejor clínica privada.
No hablo sólo en cuanto al equipamiento e infraestructura, sino también en cuanto a servicios y a la calidad de la atención del personal.
Veo, en 10 años, una ciudad con más áreas verdes, con mejores servicios de educación, salud y con mejor calidad de vida. Por supuesto, si nuestras laderas están transformadas, eso va a implicar también, inevitablemente, una reactivación económica de la ciudad.
Diría que como un tema adicional está la necesidad de que los ciudadanos asumamos la responsabilidad que tenemos con la ciudad. Todo se reduce a un problema de las autoridades. El espacio público común no es de nadie y no se cuida.

—¿Qué se hace en la Alcaldía para revertir esta situación?
—Gran parte de nuestras acciones, a lo largo de la presente gestión, están enfocadas en llevar a cabo una acción ciudadana correcta. En la actualidad trabajamos con los niños porque tenemos un proceso educativo a largo plazo.
Creemos que es más difícil trabajar con los mayores; por eso capacitamos a miles y miles de maestros de manera silenciosa. Los capacitamos a través de un programa escolar de cultura ciudadana y, a su vez, enseñamos a cuidar la ciudad, a respetarla y a respetarnos entre todos.

—¿Cuál es la propuesta edil respecto a la seguridad ciudadana?
—La seguridad ciudadana es una competencia que corresponde a la Policía, que es el organismo formado para enfrentar la delincuencia. Por supuesto que el Alcalde tiene la obligación de coadyuvar con la Policía para que cumpla mejor sus funciones. Construimos estaciones policiales integrales, donde albergamos a los policías. Usan vehículos entregados por el municipio para que tengan mejores condiciones.
Tenemos programas particulares como la creación de la Zona Segura, que en algunos casos funciona con dificultad, pero funciona. También tenemos el plan pasajero seguro y estamos poniendo en orden a las empresas de radiotaxis.

Se alista una Ley Municipal de Tránsito

La Alcaldía tiene un plan para normar el tráfico automotor. De esta manera, se pretende dar una respuesta al conflicto vehicular que crece en la sede de Gobierno.

“El problema de transporte es un caso particular de la ciudad. No me estoy refiriendo al sistema de transporte que ahora queremos implementar, es decir, un sistema de buses articulados que implementaremos desde la próxima gestión, existe el irrespeto a las normas, la liberalización del transporte y otros”.

Para Revilla, el transporte debe ser un servicio público y no privado. “Ése es el error que se ha cometido en La Paz y nos ha generado los enormes problemas que tenemos ahora. Aquello significa la presencia de miles y miles de vehículos circulando sin restricción, ya que cualquier persona saca su automóvil y empieza a trabajar”. La comuna elabora una Ley Municipal de Tránsito para normar el rubro.

Nota: La Razon

Alcaldía creará jefatura para alumbrado público

Asumiendo la responsabilidad que tienen todos los gobiernos municipales respecto al servicio de alumbrado público, la Alcaldía de Sucre planteó formalmente la propuesta de crear una nueva jefatura destinada a atender la operación y el mantenimiento del alumbrado público en el municipio capitalino. Vale decir, que la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) dejaría de prestar ese servicio que en los últimos tiempos generó una diversidad de críticas.

La decisión está tomada y ahora resta definir un plan de transferencia que permita que el “know how” de la operación y mantenimiento del alumbrado público sea asimilado por la Alcaldía. Tarea nada fácil, sin embargo, según lo reconocen tanto el gerente de CESSA, Alfredo Deheza, y el asesor jurídico de la Alcaldía, Ramiro Taboada, quienes el pasado viernes dieron a conocer esa decisión institucional.
“De acuerdo con una decisión institucional a la cabeza de la señora Alcaldesa, se ha decidido que la próxima gestión se cree la Jefatura de Alumbrado Público del Gobierno Municipal, este tipo de administración se ha asumido en la gran mayoría de los departamentos, está a cargo de una jefatura a cargo de los gobiernos municipales”, dijo Taboada al detallar la propuesta que entraría en vigencia en la próxima gestión.
“La administración de CESSA ve con bueno ojos que la Alcaldía haya tomado esta decisión y vamos a trabajar en forma conjunta para que el proceso de transición no sea traumático y se pueda atender a la población. Nuestra actividad principal y única es la distribución de electricidad y creemos que tenemos que atender exclusivamente esa actividad principal en lo que nos hemos comprometido ante el Estado a través de nuestro título habilitante. Es un primer paso importante”, acotó el Gerente de CESSA al anunciar la elaboración de un plan de acción coordinado que allanará la transferencia.
Para la Alcaldía, la decisión permitirá despejar la duda de la ciudadanía respecto a quién tiene la responsabilidad sobre el alumbrado público. “Desde hace muchos años había divergencia e incertidumbre acerca de la responsabilidad del alumbrado público, se ha llegado a un acuerdo y evidentemente el Gobierno Municipal asume esa responsabilidad en la aplicación de la Constitución y toda la normativa que regula el ámbito municipal”, detalló Taboada.
Organizaciones como la Federación de Juntas Vecinales constantemente expresaban su reclamo por la falta de alumbrado público en varias zonas de la ciudad.
La gestión de la alcaldesa Verónica Berríos, en la voz de su entonces oficial Mayor Administrativo y actual coordinador General, Isidoro García, anunció la predisposición de asumir el costo total del Alumbrado Público quitándole esa obligación a la población. Consultado, Taboada respondió que la gente está de acuerdo en seguir pagando esta tasa pero que corresponde mejorar el servicio. De ahí la decisión municipal de ya no asumir esa propuesta.

TRANSFERENCIA
El proceso de transferencia deberá precisar aspectos tales como el presupuesto que requerirá el Gobierno Municipal para crear la Jefatura de Alumbrado Público, para la compra de equipamiento especializado, carros grúa, carros canasta, infraestructura, camionetas, herramientas, etc.
CESSA tiene la posibilidad de alquilar o vender dicho equipo a la Alcaldía dependiendo de las decisiones que tomen sus ejecutivos.
Pero además, también tendrá que pensarse en el personal requerido para operar y realizar el mantenimiento. Vale decir, aquellos técnicos que usualmente se trepan a los postes. Hasta ahora dichos empleados dependían de CESSA con una cuadrilla de siete personas. Un proceso de institucionalización sería necesario para evitar la alta rotación de personal que habitualmente se da en una institución pública.
Actualmente CESSA y el Gobierno Municipal tienen un contrato de administración vigente por esta gestión que podría modificarse o disolverse, con acuerdo de partes. Así la responsabilidad de CESSA sólo se limitaría a la distribución de energía eléctrica para el sector general, industrial, el alumbrado público y domiciliario.
¿Y el cobro? Según explicó Taboada, CESSA continuaría desempeñándose como agente de retención y seguiría cobrando el tributo del alumbrado público. Actualmente, la tasa del alumbrado público es el 15% del total facturado a cada usuario.
Deheza explica que del monto recaudado por el pago que efectúa la población mensualmente, CESSA sólo haría la retención del importe por la venta de energía para ese alumbrado público y el remanente sería depositado a las arcas municipales.
En la decisión coadyuvó la explicación brindada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) cuya representante, María del Carmen Choque, participó de una audiencia con instituciones regionales y explicó de la responsabilidad plena que tienen los municipios sobre el alumbrado público en sus jurisdicciones. La AE también planteó la necesidad de que CESSA y los demás municipios formalicen su relacionamiento mediante contratos de suministro, detallando obligaciones y derechos.

PROYECTOS
CESSA presentó recientemente dos proyectos de alumbrado público al Gobierno Municipal. El primero que consiste en realizar un mantenimiento “agresivo” en todos los distritos de la Capital, para lo cual requiere Bs 1 millón. El segundo es un proyecto de nuevas luminarias para zonas como la circunvalación, los ingresos a la ciudad, escalinatas y otras áreas que así lo requieren. El costo estimado es de $us 2 millones.

Nota: Al dia Bolivia